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Bonadío citó a indagatoria a varios ex intendentes santacruceños

En el marco de la megacausa ambiental, que lleva adelante Claudio Bonadío, el temido juez federal ya envió las citaciones a indagatoria a jefes comunales que recibieron fondos del programa GIRSU. Quiere conocer el destino de casi 600 millones que fueron a parar a 193 distritos de todo el país. Desde hoy y hasta el mes de octubre, más de un centenar de ex y actuales intendentes deberán comparecer en los estrados de Comodoro Py para explicar el destino de esos fondos que fueran enviados a las comunas entre 2013 y 2015.
Aunque no está claro si serán llamados todos los que se beneficiaron del programa medioambiental, sí ASN pudo confirmar que los ex intendentes Teodoro Camino, José Bodlovic y Raúl Cantín recibieron la notificación de su citación a indagatoria en el mes de junio.
la denuncia inicial se circunscribía a los municipios de Quilmes, Río Gallegos y a 29 distritos de la provincia de Chaco, pero la fiscalía recomendó el análisis de todas las transferencias a los distritos beneficiados por este programa y pidió un “relevamiento del resto de los 194 expedientes”. El análisis alcanzó 120 municipios y alrededor del 75% (unos 90 distritos) tuvieron irregularidades, como la aprobación de proyectos sólo a partir de trámites administrativos; la falta de control interno en la ejecución de planes, y las solicitudes de comunas que no reunían los requisitos, pero igualmente recibieron giros de dinero.
Río Gallegos como ejemplo. En 2015 le giraron al municipio $ 25.176.903,60. La Comuna rindió gastos por $ 25.409.735. Pero antes de que se aprobara la rendición, la intendencia solicitó $ 59.455.148 más. En octubre, la Secretaría de Ambiente le transfirió $ 34.278.245. En una visita de la Sigen pedida por la fiscalía se comprobó que en Río Gallegos “no se mejoró la situación del tratamiento de los residuos sólidos urbanos” y que los proyectos que se preveían eran inviables.
Pero no serían los únicos que deberán concurrir a explicar, si pueden, el destino de los fondos recibidos. Entre el listado inicial, que aún no se pudo corroborar si todos fueron citados, está el ex concejal Pablo Grasso, que ocupó interinamente la intendencia de Río Gallegos y durante su gestión, el 9 de diciembre, fue liberado el último pago por la obra del traslado del vaciadero, cuya certificación no condice con los avances reales de obra, también Nelson Gleadell y Luis Ampuero, entre otros.
En esta causa ya están procesados Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y tres ex secretarios de Ambiente por defraudación al Estado, ya que el juez está convencido que esos fondos no fueron destinados para lo que se habían planificado.
En el caso del ex intendente y actual secretario de Estado, Teodoro Camino, éste reconoció en declaraciones periodística de Caleta Olivia que deberá concurrir a prestar declaración indagatoria el próximo 30 de agosto.
Debe dar cuenta del uso de $ 8.645.659 que le fueron transferidos para la obra de una Planta de Residuos Sólidos Urbanos y la compra de equipamiento y vehículos. Para Camino, él quedó involucrado porque el actual intendente elevó un informe a Nación diciendo que no se hizo nada. En realidad, la denuncia surge de una auditoría que hizo el propio Ministerio de Ambiente y que luego elevó en forma de presentación penal a la Justicia.
Caminos admitió que no se compró la maquinaria detallada pero que se solicitó autorización, en su momento para utilizar esos fondos en comprar camiones que eran necesarios para el movimiento de suelo que había que hacer dónde se construiría la planta. Y que eso había sido autorizado por las autoridades nacionales en ese tiempo.
Sostuvo que en ese marco “están los papeles” como órdenes de pago y certificaciones por lo que él siente total tranquilidad sobre la citación judicial.

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