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Cinco ex intendentes santacruceños ante Bonadío por malversación

98 intendentes vinculados al kirchnerismo de once provincias, fueron citados a indagatoria por el juez federal Claudio Bonadio, bajo la sospecha de haber desviado los fondos que recibieron del Estado en el marco de los Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), entre 2013-2015. En esta causa están procesados por administración fraudulenta Aníbal Fernández y Jorge Capitanich.

Los jefes comunales citados a indagatoria, imputados por el presunto desvío de fondos, por no cumplir con lo “acordado en los proyectos” de remediación ambiental, comenzaron a declarar a fines de mayo. Cinco santacruceños están en esa lista de 98. El primero en concurrir fue José Manuel Córdoba, y por estos días lo están haciendo Matías Mazú y José Bodlovic. Más adelante deberán concurrir a Comodoro PY Raúl Cantín y Teodoro Camino.
Además de los santacruceños, la lista llega a intendentes provenientes de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones.

El programa demandó 604.529.670 pesos y se cree que es la suma de la defraudación. Hubo para el Juez, una “transferencia irregular de sumas de dinero de las arcas del Tesoro a municipios” para lo que denominó “supuestos proyectos” de remediación ambiental.

En la citación a indagatoria, el magistrado afirmó que los intendentes fueron “partícipes de las maniobras” investigadas y señaló que gran parte de los municipios “no cumplieron con lo acordado” en la aplicación de fondos girados para las obras.

Durante los tres años que se investigaron, se presentaron 634 solicitudes, pero sólo 212 culminaron con las respectivas transferencias del dinero, señaló el juez Bonadio. La Ciudad de Buenos Aries, Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego no recibieron asignaciones de fondos; y sin embargo, municipios de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja obtuvieron el 79% de los fondos asignados por el proyecto, siendo que tres de estas provincias generaban un mínimo porcentaje de residuos a nivel nacional”, indica su resolución.

En tanto sólo el 18% de los municipios cumplió con los objetivos pautados y acordados en los convenios firmados por la jefatura de Gabinete. Una de las provincias favorecidas con el envío de fondos y que no cumplió con los objetivos establecidos fue Santa Cruz, Río Gallegos, primero recibió 25.176.903,60 pesos. y sin la aprobación de la rendición de esa transferencia solicitó una ampliación de fondos, por 59.544.148 pesos. Así, en total se le transfirió a la capital santacruceña 34,3 millones de pesos.

Según señalaron fuentes judiciales, la ciudad no sólo “no mejoró la situación del tratamiento de residuos y el proyecto presentado resulta inviable”, sino que “se duplicó la superficie afectada por la basura”.
La Justicia sostiene que los intendentes citados a indagatoria, terminaron generando “más daño ambiental por no aplicar la totalidad de los fondos al programa”.

Otra localidad santacruceña involucrada es Las Heras, su ex intendente Teodoro Camino hoy funcionario de Alicia Kirchner recibió fondos para una Planta de tratamiento de residuos sólidos, para erradicar basurales y comprar equipamiento y vehículos. “No sólo no se hicieron las obras, sino que tampoco hay documentación relacionada con el gasto de 8.645.659 pesos que fueran otorgados”.

La causa comenzó con la denuncia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del ministerio de Medio Ambiente, después de un informe realizado por la SIGEN que detectó varias irregularidades: carencia de un mapa crítico de las municipalidades más vulnerables o con mayores problemas de gestión de residuos sólidos, incumplimiento de requisitos exigidos para acceder al programa, falta de control interno en la ejecución de los proyectos, modificaciones e incumplimientos en la realización de las obras, entre otros puntos.

El programa tenía el objetivo mejorar la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos (la basura domiciliaria), a través de la financiación de proyectos municipales de todo el país. Se buscaba la eliminación de basurales a cielo abierto, la construcción de rellenos sanitarios o la ampliación de rellenos existentes, el montaje de plantas de separación y reciclaje de residuos sólidos urbanos y la adquisición de equipamiento complementario.

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