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Piden indagatoria a 3 ex gobernadores y 7 ex ministros de economía de Santa Cruz

Gerardo D. Pollicita e Ignacio Mahiques, fiscales en representación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 11, se presentaron hoy ante el juez Julián Ercolini que llame a declaración indagatoria a los ex gobernadores Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta, además de a los ex ministros de Economía de Santa Cruz: Luis Villanueva, Juan Bontempo, Juan Manuel Campillo, Diego Robles, Ariel Ivovich, José Blassiotto y Edgardo Valfré.

La citación no quedó en esos 10 funcionarios sino que también abarca a actuales y ex integrantes del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz: Angelina Abbona, Carlos Ramos, Mario Layub, Gastón Pedelaborde, Alice Quinteros y Patricio Alvarez.

La citación es por el favorecimiento de la obra pública provincial a Lázaro Baez, como causa conexa a la que ya lleva adelante Ercolini en la que están procesados la ex presidenta Cristina Kirchner y el empresario de la construcción por asociación ilícita.

Para ambos fiscales, que fueron los que promovieron la calificación de “asociación ilícita” en la causa madre, de la cual desprenden esta, lo hacen porque “en atención a que la puesta en marcha y el sostenimiento del plan criminal (el de la causa madre) demandó la implementación de una estructura coordinada de personas, con multiplicidad de actores, división de roles y extensión en el tiempo por más de diez años, este Ministerio Público Fiscal (en forma paralela) profundizó la pesquisa con el objetivo de que todos los que hayan participado en la concreción de la maniobra fuesen juzgados” plantean Pollicitas y Mahiques en su escrito.

Consideraron que la “matriz de corrupción instaurada en la administración pública central se replicó en el ámbito provincial” y entendieron que esos ex gobernadores “fueron gestores” con una estructura propia que desde las partidas presupuestarias “destinaba fondos al Grupo Austral”. Sus respectivos ministros de Economía de quienes dependía Vialidad Provincial, fueron responsables de “no controlar las obras viales”
En consecuencia también solicitaron que se cite a declaración indagatoria a 18 funcionarios de Vialidad Provincial y dos profesionales de las empresas de Baez: Carlos Pistán y Manuel Parras.

En la presentación se afirma “la responsabilidad penal” de los imputados, considerando que “desde la estructura burocrática de la provincia de Santa Cruz, pusieron a disposición de la maniobra sus facultades públicas y contribuyeron —con los aportes específicos por acción y omisión que sus respectivos roles les permitían— al plan criminal que se decantaba desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional y que demandaba su imprescindible colaboración para su implementación y sostenimiento en el tiempo; todo ello a sabiendas de los alcances de la maniobra y brindando su acuerdo previo tendiente a garantizar su éxito”.

Y explica que los profesionales privados del grupo empresarial a los que pide procesar, “colaboraron con el proyecto delictivo a través de su rol contractual como representantes técnicos de AUSTRAL CONSTRUCCIONES y KANK Y COSTILLA, particularmente en la estrategia sistemática de incremento de costos y plazos en las obras viales investigadas”.

Hasta el momento, el Ministerio Público Fiscal en su presentación propicia el llamado a indagatoria de más de treinta (30) personas “que colaboraron con el plan criminal tendiente a beneficiar al socio y amigo de los ex Presidentes de la Nación, Lázaro Antonio Baez” afirma el escrito.

Las razones
En el extenso escrito de 355 páginas, al que tuvo acceso Al Sur Noticias, los fiscales dividen los períodos investigados según la gobernación, luego de analizar 246 expedientes.

Así, por ejemplo, se señala que entre abril de 2004 y marzo de 2006: gobernación Acevedo- Villanueva ministerio de Economía: Hubo obras adjudicadas al grupo Baez por más de 395 millones de fondos provinciales. En tanto durante el tiempo de Carlos Sancho–Juan Bontempo entre marzo de 2006 y septiembre de 2007 la erogación subió a más de 918 millones de pesos por obras viales adjudicadas al Grupo Báez. En el caso de la gobernación de Daniel Peralta con Juan Manuel Campillo en Economía, se transfirieron a las empresas de Báez, más de 561 millones de pesos, entre septiembre de 2007 y fines de 2009.

Tribunal de Cuentas
En su pedido de indagatoria, los fiscales incluyen a varios funcionarios del Tribunal de Cuentas de esa época. Lo hacen porque, luego de analizar las “pocas oportunidades en las que el máximo organismo de control de Santa Cruz decidió efectuar algún tipo de auditoría sobre la sede central de la Administración General de Vialidad Provincial —y no sobre las reparticiones en el interior de la provincia—, nuevamente se advierte un direccionamiento en la elección de los gastos a auditar, por cuanto el trabajo de control no se dirigió hacia la porción de mayor volumen y riesgo —la construcción de rutas, principalmente adjudicadas a Lázaro Antonio BÁEZ—, sino sobre gastos menores”, realzando que entre 2003 y 2015 sólo hubieron 3 auditorias.

La obra eterna
Varios fueron los “casos testigos” tomados por los fiscales para explicar la maniobra de dilatación con el fin de justificar mayores costos.
Así pone por ejemplo la obra de pavimentación ruta 40 tramo 28 de Noviembre- Rospentek, construcción de puente de acceso y pavimentación de 21 cuadras de 28 de Noviembre- Presupuesto del proyecto técnico y llamado a licitación el 1 de julio de 2005 por $26,9 millones. Pero el contrato de obra, con un plazo de ejecución de 18 meses se firmó con Austral Construcciones por $31,7 millones.

A lo largo del 2006 hubieron una serie de modificaciones y representación de plan de trabajo que llevó a que en enero de 2007 se aumentaran los plazos de ejecución de 18 a 23 meses y el presupuesto a $36,9 millones.
Un mes después, aduciendo la falta de entrega de asfalto, se extendió aún más los plazos, llevándolos a 28 meses. En marzo de ese año se volvió a subir el presupuesto, fijándolo en $37,7 millones.

Con avances pocos significativos, un año después, el 14 de mayo de 2008 se aprueba, nuevamente, una nueva modificación del presupuesto elevándolo ya a $42,121 millones y aduciendo la falta de abastecimiento de combustible, se prorrogaron los plazos de ejecución a 41 meses.

Pero en enero del año siguiente, con la presentación de un nuevo plan de trabajo, el plazo de obra se elevó a 53 meses (cabe recordar que inicialmente era de 18) y con ello la consecuente elevación de presupuesto.
Pasaría un año y se repetiría la historia, aduciendo falta de insumos ante “los innumerables conflictos registrados en zona norte”, se sumaron 11 meses más para dar por cumplido el plazo de obra. Ya era mayo de 2010.
En 2011, se encontraron que tenían que desplazar la vía ferrea en un tramo de la ruta, por cuestiones de seguridad. Esto generó una nueva modificación del expediente.

En conclusión en diciembre de 2011 se elevó el presupuesto a $55,4 millones y el plazo a 82 meses.
En 2012 los atrasos fueron por la “inusual crecida del río Turbio” y errores de planteo del proyecto original. Por lo tanto, Vialidad Provincial extendió el plazo a 94 meses.

Pero tampoco alcanzaría y un año después, pedirían 13 meses más, alegando que el lugar adónde se propuso trasladar el gasoducto estaba dentro de tierras del Ejército Argentino y éste no daba la autorización para trabajar allí. Conclusión: pasamos de 94 a 107 meses. Ya corría enero de 2014 y llegaría diciembre de ese año, y resulta que tampoco pudieron terminar por lo que nuevamente se elevaron los plazos: 122 meses y el presupuesto final a $64,9 millones.

La obra? nunca se terminó. Al día de hoy se encuentra en un grado de avance del 72%.

Por razones como el ejemplo anterior, en su presentación los fiscales Pollicitas y Mahiques enfatizaron varias veces que “para que la maniobra criminal investigada pudiera desarrollarse y extenderse en el tiempo conforme había sido planificada por los ex titulares del Poder Ejecutivo Nacional, fue necesario que la matriz de corrupción instaurada en la administración pública central se replicara en el ámbito provincial, en donde los ex Gobernadores de Santa Cruz y los funcionarios de las distintas carteras de la administración pública provincial durante el período de 2003 a 2015 contribuyeron —por acción u omisión— en el plan criminal destinado a la sustracción de fondos públicos a través de la asignación y falta de control de obras viales al GRUPO BÁEZ”.

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